Las VPO

Hay leyes buenas, que protegen a los trabajadores, las promulgue quien las promulgue. Jamás en mi intención manifestar quien es mejor que los demás, pero sí reafirmar que los sistemas políticos están en función del comportamiento ético de las personas que ejercen el gobierno. Se trata de una paradoja, podemos dudarlo, pero fue real el hecho de que hubo una legislación que protegía a los trabajadores, o por lo menos algunos artículos en concreto, pues soy consciente que habrá quien afile las garras.

. Veamos el caso que nos ocupa: Las Viviendas de Protección Oficial.

¿Qué eran en su origen las VPO? Las antiguas Vivienda de Protección Oficial, hoy conocidas como VPP (Viviendas de Protección Pública), eran una solución política costeada con recursos públicos para facilitar el acceso a una vivienda digna de aquellos trabajadores con las rentas más desfavorecidas. La fórmula era simple: no todo el mundo puede comprarse una casa, pero la Administración, en colaboración con el sector privado, construía inmuebles asequibles para dar respuesta a esta demanda de limitado poder adquisitivo.

Esto fue un hecho empíricamente demostrable, basta con dar un paseo y ver la cantidad de inmuebles construidos al amparo de aquella legislación, así como las numerosas escrituras que se realizaron en su momento.

El objetivo inicial, cito textualmente la ley del 15 de julio de 1954, era: a) Orientar socialmente la construcción de viviendas en beneficio de las familias económicamente débiles. B) Dirigir técnicamente y ordenar esta actividad constructiva con la colaboración, en su caso, de los Organismos oficiales interesados. C) Proteger económicamente la edificación de tales viviendas, confiriendo los beneficios establecidos en esta Ley y velando por su mejor uso, aprovechamiento y administración. D) Atraer y fomentar la iniciativa privada, a fin de lograr su concurso para la edificación de toda clase de viviendas.

Por tanto esta, y las siguientes leyes que se publicaron, pretendían facilitar la vivienda a las familias económicamente débiles e incentivar la iniciativa privada, apoyados, ambos sectores por la administración pública.

Fue la época del ladrillo, del desarrollo y del crecimiento económico. Buenas o malas viviendas, pero el hecho es que las familias con escasos recursos tuvieron acceso a una vivienda digna. Tan abundante éxito tuvo que todavía podemos encontrar en nuestras ciudades y pueblos innumerables edificios construidos en esta época.

¿Cuál fue el secreto de este éxito? Citaré en esta ocasión lo expuesto en el Decreto 2114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley sobre Viviendas de Protección Oficial, texto refundido aprobado por Decretos 2131/1963, de 24 de julio, y 3964/1964, de 3 de diciembre.

Se adoptaron algunas medidas impensables e inaceptables para los políticos (de todos los colores y tendencias) de la actualidad como:

Gozar de exención TOTAL del Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (artículo 43).

Se bonificaba el 90 por cien las cuotas de los intereses de préstamos (artículo 44).

Se bonificaba el 90 por 100 de la parte de cuota que corresponda a los beneficios que las Sociedades (artículo 45).

Las empresas estaban exentas del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas (artículo 46).

Las VPO gozaban durante UN PLAZO DE VEINTE AÑOS, de una bonificación del 90 por 100 de la base imponible de la Contribución Territorial Urbana (actual IBI) (artículo 47). 

Esta misma bonificación se aplicaba sobre TODO ARBITRIO O TASA establecido por el Estado, las Diputaciones, Cabildos Insulares, o Ayuntamientos.

Se bonificaba el 90 por cien sobre el Incremento del Valor de los Terrenos (plus valía)

En la actualidad resulta increíble que algún político pida que el pueblo trabajador, acogido a las VPO goce de una exención del IBI durante 25 años, o que no pague tasas ni arbitrios por la vivienda y mucho menos una reducción del 90 por cien del Plus Valía.

Estas medidas crearon un desarrollo urbanístico, mejor o peor, que permitió el acceso a las viviendas por parte de la clase trabajadora, consolidó la clase media, evitó los OKUPAS (fenómeno social del siglo XXI) y reguló la situación para que no se produjeran los desahucios masivos que han ocasionado las actuales entidades financieras.

Sin embargo las cosas cambiaron, en parte por la picaresca de los españoles, algo de inflexibilidad legal pero sobre todo, al llegar la década de los años ochenta, los gobiernos de turno (de derecha y de izquierda) perdieron interés por elaborar planes nacionales de la Vivienda, encontrando más interesante, para ellos, la eliminación de las correspondientes bonificaciones y exenciones así como “liberalizar” el mercado. Otro factor importante en la decadencia de las VPO fue que las Cajas de Ahorro pasaron a manos de los partidos políticos y dejaron de ser entidades sin ánimo de lucro.

Era necesario, PARA ELLOS (esta vez en mayúscula), desarrollar una mayor gestión recaudatoria ante el volumen de construcciones realizadas. Fuente de ingresos estatal, autonómico y local, a cambio de unas subvenciones, en apariencia jugosas, pero que fueron cediendo el terreno inmobiliario a los bancos. Al estallar la burbuja inmobiliaria del siglo XXI, han sido, y son estos, quienes están marcando el valor de mercado de las edificaciones que ya no se encuentran accesibles a la clase trabajadora. Son las entidades financieras quienes determinan a quién se le concede el préstamo o el valor de mercado de determinados inmuebles que dinamitan al sector privado.

Triste es el panorama actual. En la actualidad las Viviendas de Protección Pública han terminado en fracaso. Apenas se construyen pisos de esta tipología en la Comunidad Valenciana (datos marzo 2017). El mercado no da para ello. Las ventas de las ya edificadas son residuales. La falta de rentabilidad de estos proyectos, la trabas burocráticas, la rigidez de la legislación, la caída de los precios de la vivienda libre, la ausencia de financiación y los recortes de las políticas públicas han condenado a la VPO. Ya no interesa al político de turno construir viviendas para rentas menos favorecidas.

Las cifras que ofrece el Ministerio de Fomento al respecto son contundentes. El mercado de la vivienda protegida permanece en encefalograma plano. En 2016 se ratificó la particular crisis del ladrillo protegido, y es lo que lleva ocurriendo desde mediados de 2014, cuando se paró definitivamente. El panorama es desolador.

Según las cifras de Fomento, entre 2014 y 2016 (últimos datos disponibles), en la Comunidad Valenciana sólo se han terminado 338 viviendas de protección pública incluidas en los distintos planes impulsados por las administraciones central y autonómica. Son los pocos restos de los proyectos que quedaban pendientes de ejecutar y que sobrevivieron a los recortes. Es más, desde noviembre de 2015, que se finiquitaron 23 pisos, no se ha finalizado ningún inmueble más, es decir, no ha habido más VPO que haya obtenido la calificación definitiva por la cual se otorgan definitivamente los derechos y obligaciones derivados del régimen legal de protección, y que suponen que la edificación cumple con los requisitos técnicos y legales vigentes.

Aquí se incluyen las viviendas protegidas de nueva construcción sujetas a distintos regímenes de protección promovidas en el ámbito de planes estatales y autonómicos, ya sean de promotores públicos o privados.

Y si apenas se terminan viviendas protegidas, la construcción de nuevas no arranca. En 2016 se inició la edificación de 125 viviendas protegidas nuevas en toda la Comunidad Valenciana. Un año antes se comenzaron 145; en 2014, unas 126, y en 2013, otras 113. En los años del boom se iniciaban entre 4.000 y 8.000 viviendas cada ejercicio.

Si se comparan las cifras de viviendas libres iniciadas con las de pisos protegidos comenzados, el balance es revelador. En la Comunidad Valenciana, se inicia la construcción de una VPO por cada 40 viviendas libres que se empiezan a edificar. Con las ventas sucede algo similar: por cada venta de vivienda protegida que se produce, se comercializan diez viviendas libres; esto se debe a las duras de condiciones de comercialización de este tipo inmuebles en el mercado.

¿Y por qué no se construye VPO? Por varias razones, pero fuentes del sector inmobiliario coinciden en que no es rentable hacer vivienda protegida. Los promotores señalan que las ayudas públicas para este tipo de proyectos son mínimas, y se da la circunstancia de que los precios de la vivienda protegida y de la libre se han equiparado en los últimos años, con lo que las empresas se inclinan por la segunda opción (sobre todo después de la crisis), ya que los beneficios son mayores y las limitaciones y trabas administrativas para vender y alquilar a un determinado precio son menores; todo depende de la oferta y la demanda, lo que no sucede con la VPO. Todo esto provoca que se acumulen bolsas de suelo para VPO que se quedan sin construir.

El hecho de que una parte importante de las VPO construidas en el periodo 2008-2012 sigan vacías por la renuncia de los compradores (no consiguieron financiación de los bancos) también frena los nuevos proyectos. Mejor no construir que fracasar y gastar un dinero que no sobra.

Para frenar los desahucios intolerables, reconducir el mercado inmobiliario, extirpar la lacra de los OKUPAS (que actúan muchas veces porque no les queda más remedio), fomentar la construcción, acabado de obras (es inmenso el panorama de obras esqueléticas que rodean muchas ciudades), o rehabilitación de viviendas, se necesita una intervención administrativa similar a la que en sus orígenes permitió el acceso a una vivienda digna para todos.

La vivienda digna no es solo un derecho, es un deber del gobernante para sus ciudadanos. Las políticas fiscales y recaudatorias carecen de sentido si no existen políticas de desarrollo racionales y nacionales.